Lawfare o cómo eliminar al adversario

El lawfare es el uso de procesos legales para paralizar, inhabilitar, destituir o simplemente desprestigiar a actores políticos que se consideren una amenaza al sector que defiende el statu quo o se halle en competencia por lograr el poder. La palabra combina los términos law (ley, derecho) y warfare (guerra, conflicto), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”. Consiste en la utilización del sistema judicial de un país con fines políticos, acción contraria al sistema republicano que sustenta la gestión del gobierno nacional en la separación, equilibrio e independencia de poderes, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.​​

En definitiva, este concepto se resume como una perversa arma política que busca torcer una situación -cuando no un resultado- que de otra manera seguiría un curso diferente al que pretenden quienes echan mano a dicha táctica política. Entre las acciones habituales están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión en la opinión pública o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos, la generación de causas penales sustentadas en hechos inexistentes y supuestos testigos -que perjuran- contratados para dar un marco de sensacionalismo y desprestigio al objetivo.

El punto de inflexión de esta táctica política en la lucha por el poder, se da cuando el mismo sistema judicial se halla cooptado por sectores políticos que distorsionan la finalidad del mismo; la búsqueda de la justicia es relegada a una impartición de justicia selectiva, manipulada, distante de la virtud y los principios constitucionales que rigen todo sistema judicial.

En las últimas dos décadas hemos presenciado una expansión del uso -y abuso- del lawfare como instrumento de lucha política para conseguir, a menudo de forma ilegítima, objetivos que no han podido conquistar políticamente. Los ejemplos de este tipo de maniobras sobran en nuestra región y se pueden mencionar a casos en Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia, incluso Paraguay. Otros casos también se recuerdan en Estados Unidos y en España, en la mayoría de ellos el aparato judicial se elevó por encima de otros poderes.

En Paraguay, esta guerra judicial se profundiza con el caso que enfrenta el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y sus exministros. La imputación que pesa sobre el exmandatario fue dictada por el entonces fiscal de la causa, Aldo Cantero, el 11 de marzo de 2024, con base en una denuncia presentada, supuestamente, por filtración a medios de comunicación de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) referentes al también expresidente, Horacio Cartes.

La manipulación de la justicia por parte de un sector político pone a Paraguay en un lamentable escenario, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público son utilizados como una maquinaria puesta en marcha con solo dos objetivos: venganza para los enemigos e impunidad para los amigos.

Lo que queda claro es que este caso no es solo una disputa judicial, sino una batalla política en la que se juega el futuro del país. ¿Cuál será el límite de la política en la instrumentación de la Justicia?