Gobierno sin sensibilidad social

Con el inicio del año lectivo en todas las escuelas públicas del país, se evidenció la profunda ineficiencia en la ejecución del ambicioso programa “Hambre Cero” lanzado por el Gobierno y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en Asunción y en los departamentos Central y Presidente Hayes, así como por las respectivas Gobernaciones. El propio presidente de la República se ufanó de que este proyecto “es una realidad que transformará la vida de los jóvenes y nuevas generaciones”, ya que lo presentaron como un esfuerzo gubernamental destinado a combatir la desnutrición infantil y asegurar la alimentación de nuestros estudiantes.

Sin embargo, las denuncias comenzaron a “llover” desde varias instituciones educativas por la pésima calidad de los productos ofrecidos a los estudiantes, como frutas en mal estado o alimentos vencidos, como una muestra de las grandes irregularidades del programa. Además, vale recordar que también se vio a estudiantes de un colegio capitalino almorzando en el piso, lo que evidencia también un sistema educativo que continúa arrastrando problemas estructurales.

Es imperativo entender que la educación y la alimentación son pilares interdependientes en el desarrollo de nuestra infancia. Mientras que el Gobierno ha asignado recursos para el programa, la falta de infraestructura adecuada en las escuelas limita severamente su efectividad. Nuestros niños y jóvenes asisten a aulas y deben compartir con la adversidad, en edificaciones deterioradas y carentes de servicios básicos. Este escenario no solo es inaceptable, es una grave violación de sus derechos fundamentales. La calidad de la educación que reciben está íntimamente ligada a las condiciones en las que se desarrolla su aprendizaje.

Al estudiar en ambientes poco apropiados, donde no se cuenta con recursos suficientes ni instalaciones adecuadas, se desmotiva tanto a estudiantes como a docentes. Esto afecta no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional y físico de los niños.

La falta de un entorno seguro y propicio para el aprendizaje, combinado con la precariedad alimentaria, crea un ciclo de pobreza y desnutrición que es difícil de romper. Por lo tanto, resulta urgente que el Gobierno no solo distribuya recursos, a través de adjudicaciones transparentes, sino que garantice que estos sean utilizados de manera eficiente y efectiva, asegurando que cada escuela cuente con los medios necesarios para ofrecer una educación de calidad y una alimentación nutritiva a todos sus estudiantes. Esto implica la construcción y el mantenimiento de infraestructuras escolares adecuadas y también la capacitación del personal docente y administrativo en la gestión de programas alimentarios y educativos.

Otro punto no menor es satisfacer la necesidad nutricional de cada niño, los alimentos básicos que deben incluir la merienda escolar son leche y derivados, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales. Los esfuerzos también deben ir dirigidos a mejorar la calidad en la alimentación de los estudiantes y deben obedecer a un plan nutricional de acorde con las edades. En ese sentido, la pregunta que cabe es ¿el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) fiscaliza lo que se sirve a los estudiantes del país?

Se puede pensar, además, en fomentar espacios de participación comunitaria, donde padres y organizaciones locales puedan involucrarse en la gestión de las escuelas y sus recursos. Esto permitiría unir esfuerzos y generar un sentido de pertenencia que contribuya a la sostenibilidad de las iniciativas y colateralmente beneficiar a las comunidades, incluso económicamente al incluirlas en la cadena de provisión de insumos, por ejemplo. La experiencia de aquellas escuelas que han optado por la autogestión alimentaria demuestra que, con el apoyo estatal adecuado, es posible generar modelos exitosos que benefician tanto la educación como la nutrición de los estudiantes.

Es elemental que el Gobierno establezca mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto de los programas implementados. Esto no solo asegurará la transparencia en el uso de recursos, sino que también permitirá identificar áreas de mejora y ajustar estrategias para cumplir con los objetivos propuestos. Sin un compromiso real hacia la educación y alimentación de nuestros niños, corre el riesgo de perpetuar un ciclo vicioso de pobreza y desnutrición que afectará a las futuras generaciones.