La entrega

Paraguay se encuentra en tercera posición en el ranking de criminalidad, de entre 193 países de la lista, que completan naciones de varias partes del mundo, destacándose su influencia dentro de la sociedad y del Estado, según el índice global de crimen organizado. Se trata de un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en Suiza. El documento indica, que nuestro país se encuentra solo por debajo de Myanmar (Birmania) y República Democrática del Congo en la categoría de “actores criminales”. Los datos se actualizan cada dos años.

En el 2021, el país figuraba en el puesto 11, detrás de países latinoamericanos como Honduras, Colombia, Venezuela, además de zonas del Medio Oriente, entre otros.

Por otro lado, Paraguay es el país con el índice de tráfico de armas más alto de América Latina y el Caribe. Con una calificación de 8,5, se sitúa incluso por delante de Brasil, Colombia, México y Venezuela. Según el análisis que realizaron los expertos, en el 2023, nuestro país obtuvo una puntuación de 9,0 sobre 10 para este mercado ilícito, en el que México y Brasil obtuvieron puntuaciones de 8,50.

La tasa de homicidios, que se situó en 2022 en el 6,96 por cada cien mil habitantes, ha caído respecto a 2021, en el que fue del 7,83. Según los últimos datos, de los asesinatos que se produjeron en Paraguay, la mayor parte de las víctimas, 461, fueron hombres, lo que es habitual.

Ante esta alarmante realidad, el Gobierno no muestra voluntad alguna de enfrentar a los responsables y mucho menos de llevar adelante acciones que eviten el actuar a estas matrices criminales en nuestro territorio. Cegarse a esta grave posición en la que se encuentra el país nos lleva hacia un Estado fallido, se requiere una acción contundente de los tres poderes del Estado.

Pero hay que mirar más allá. Como se había hablado en este espacio de El Nacional, la situación se ha agravado en los últimos 20 años ante la falta de regulación y sanción al financiamiento de campañas proveniente de actividades ilegales, o superiores a los montos establecidos por ley. A lo largo de estos años -y diferentes gobiernos- se ubicaron sus primeros hombres en las estructuras públicas en los diferentes poderes del Estado. Fueron concejales municipales y departamentales primero, para llegar a ser jefes comunales, diputados y senadores de la República, después.

Los diputados y senadores tienen representación e influencia en organismos que son parte del Sistema Judicial y el Ministerio Público. A esto sumamos las campañas gremiales de los abogados del foro, que carecen de control en cuanto a montos y origen de fondos por donde también podrían concretarse acuerdos y alianzas departamentales, generándose espacios seguros o cupos para los grupos que apoyan determinada candidatura al Consejo de la Magistratura. Todo esto hace que se pierdan de vista luchas en contra de un flagelo implacable que está llevando al nuestro a ubicarse en listas negras de criminalidad.

Es hora de replantear políticas públicas, en especial las de defensa nacional y de política criminal a fin de garantizar a toda la población paraguaya la seguridad de la cual está privada en estos momentos, considerando para ello la formación de cuerpos de élite; civiles y miliares especializadas para defendernos del crimen trasnacional, que es un pulpo que crece con tentáculos poderosísimos.

Adecuar la legislación, actualizar los organismos responsables con capacitaciones idóneas y especializaciones de los funcionarios responsables de investigar y reprimir al crimen organizado y, sobre todo, propiciar la cooperación internacional de los países donde las organizaciones criminales tengan su “matriz”, incluso para responder hasta los altos costos que representan para el Estado paraguayo. Se necesita, en principio, responsabilidad, compromiso, cooperación y recursos suficientes para combatir con efectividad a estas empresas que pretenden restar tranquilidad a toda la población nacional. Paraguay ya no puede ser paraíso para criminales.

La vulnerabilidad del Estado y de sus instituciones, a través de designaciones irregulares, de elecciones con financiamientos no controlados y de dudosos orígenes, se presentan como desidia y falta de capacidad. La corrupción de por sí sola no existe, es un esquema instalado, esta no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia de debilitamiento de las instituciones que anestesia la reacción. El Paraguay hace tiempo que debería de haber contado con una fuerza de frontera; y, justamente, necesitamos una inversión en defensa de nuestras fronteras para tener la capacidad de reacción. La democracia le costó muy cara al país, la mediocridad que se hizo del poder nos está destruyendo. La falta de coraje y patriotismo nos están entregando lenta y progresivamente a sectores y poder exógeno al de las instituciones.