A mi manera

El Presidente de la República, Santiago Peña, designó recientemente a los consejeros de Itaipú Binacional, quienes tendrán la responsabilidad de negociar el Anexco C del Tratado de dicha represa con el Brasil. Esto generó un gran rechazo ya que los nominados son ministros del Poder Ejecutivo y afirman que es inconstitucional a raíz de la incompatibilidad de funciones.

Por su parte, Lea Giménez, jefa de Gabinete, justificó la decisión de Peña argumentando los artículos  240 y 237 de la Constitución Nacional. El art. 240, “De las funciones” de los Ministros y el Consejo de Ministros menciona que la dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo, cuyo número y funciones serán determinados por la ley.(…)

Sin embargo, el art.  241, “De los requisitos de las incompatibilidades y de las inmunidades”, menciona que “para ser Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen, además, iguales incompatibilidades que las establecidas para el Presidente de la República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso”.

Los elegidos por Peña para consejeros de Itaipú son la jefa de Gabinete, Lea Giménez; el canciller Rubén Ramírez Lezcano; el titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. Así también fueron designados el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el ingeniero Héctor Ernesto Federico Richer Becker.

Giménez también hizo mención a que el otro equipo negociador, que es Brasil y está liderado por Lula da Silva, también es integrado por ministros del Ejecutivo y que de igual forma Paraguay deberá presentarse a negociar.

Brasil, por su parte, integró el consejo con su canciller, el ministro de Minas, el ministro de Economía, el ministro de Innovaciones y el jefe de Gabinete.

Pero estas designaciones no son algo nuevo. El exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Fernando Lugo, también había sido designado como consejero de Itaipú. Sin embargo, debido a la incompatibilidad de cargos, se vio obligado a renunciar a ambas entidades.

Ante tal situación, lo que se cuestiona es la abierta violación a la Carta Magna, no así la capacidad negociadora de cada uno. Esto es más bien un llamado de atención para todos los paraguayos sobre todo por tratarse de la decisión de una persona que prometió velar, cuidar y respetar todos los intereses del Paraguay, y lo que con esta decisión ocurre lo contrario, al transgredir e interpretar a su manera el presidente Peña la propia Constitución Nacional sobre la que juro cumplir y hacer cumplir.