Apelando a todas las armas

El expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, enfrenta en estos días una investigación penal, a raíz de una denuncia por el supuesto pago con el fin de evitar denuncias de la actriz Stormy Daniels durante su campaña electoral a la Presidencia de la nación en 2016. El pago realizado a la denunciante había sido por 130.000 dólares americanos. Además de estos cargos por delitos sexuales y soborno, Trump enfrenta más de 30 relacionados a fraudes comerciales.

En su defensa, el exmandatario de los Estados Unidos de América, niega tales acusaciones y afirma que se trata de una persecución política debido a su intención de ser reelecto, e inicio de campaña para pugnar a la Presidencia de su país nuevamente en el próximo año. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los EE. UU. de América en enfrentar una acusación penal.

La pregunta que se hace la opinión pública es si la Justicia finalmente se ha puesto la venda en los ojos e impartirá -a cada uno lo que le corresponde- sin mirar quién sea o cuán poderoso sea; o estamos ante la instrumentalización de la Justicia o la judicialización de la política, la guerra jurídica; o a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales; bajo la apariencia de legalidad, acción aplicada para sacar de la cancha inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente, lo cual adopta la denominación en ingles de Lawfare. ¿Podríamos considerar que tal acción es la que se encuentra enfrentando el exjefe de Estado del poderoso país del norte de América, una ofensiva de Lawfare o golpe suave ?

Traspolando del norte, al sur de América, específicamente al escenario político nacional bajo la misma óptica y elementos de análisis; a semanas de concluir una larga y desgastante campaña electoral que determinará al próximo gobernante del Paraguay, parecería que el Lawfare ha desembarcado en nuestro país con toda su furia; siendo que están en actualidad y en pleno desarrollo acciones legales -políticas y otras aplicadas de antemano- ya en años anteriores por parte de los grupos de poder en competencia, para desprestigiar a ocasionales adversarios políticos que permiten suponer su aplicación local.

Citando al presidenciable por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, quien se desempeñó como ministro de Obras Públicas -hace alrededor de 15 años- y siendo electo presidente del Partido Liberal con posterioridad, fue denunciado recientemente por malversación, obras fantasmas e inexistentes, etc. Durante más de 10 años ni la Contraloría General de la República o la Fiscalía General del Estado formularon acusación al respecto; a este singular hecho se suma aun otro más particular, la denuncia y su posterior privación de libertad, por la presentación en la rendición de gastos de campaña de su partido, de facturas falsas emitidas por candidatos del PLRA de Alto Paraná durante la campaña del 2018 a la Justicia Electoral.

Dicha ilegal situación (facturas de contenido falso) no fue objetada -y menos denunciada- por el organismo responsable del control financiero de campañas políticas dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral; sin embargo, el presidente del Partido terminó tras las rejas -preso- no los responsables y autores, incumpliéndose y abusando de las leyes penales, de la misma Constitución Nacional, siendo que hasta el presente -íntegro- el sistema judicial electoral (instancias administrativas y judiciales) guarda silencio, siendo por omisión o por complicidad tan responsables ante dicho delito si lo hubo, como tampoco ha habido intención de identificar responsables en la investigación penal, sino que la orden de privación de libertad fue emitida sencilla y claramente contra el presidente del partido. No existe jurisprudencia al respecto, la comunidad jurídica penal, electoral y constitucional guardaron cobarde y cómplice silencio durante este atropello al mismo Estado de derecho.

Los pedidos de investigación penal contra candidatos del Partido Colorado no han estado ausentes durante esta larga- e inacabable- transición a la democracia. Actualmente el turno le corresponde al expresidente de la República del Paraguay, HORACIO CARTES y al actual -en ejercicio- vicepresidente de la República y ex precandidato en las elecciones internas pasadas a nada menos que a presidente de la República, HUGO VELÁZQUEZ, quienes fueron sindicados como colaboradores de grupos terroristas, lavado de activos y de ser jefes de una asociación criminal; obstrucción a la justicia y atentar contra las instituciones de la República que representan; lo llamativo y extraordinario de esto es que no fueron las instituciones nacionales responsables de investigar ilícitos, identificar responsables para su posterior sanción, como la Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Prevención de Lavados de Activos; la Secretaría Antidrogas, la Policia Nacional, la Subsecretaría de Tributación o los mismos ministerios del Interior o Defensa Nacional, sino que la investigación preliminar y aplicación de sanciones se da por parte del Gobierno NORTEAMERICANO. NO existiendo antecedentes o procedimiento administrativo y/o judicial similar, aplicado por parte de un gobierno extranjero, durante una campaña presidencial inconclusa aun pudiendo contagiarse dicha situación a otros actores importantes del proceso, SIN POSIBILIDAD material de refutar las acusaciones por falta de divulgación de las investigaciones y tiempo material para hacerlo antes de la fecha de las elecciones.

Estas declaraciones por parte del Gobierno estadounidense, mas allá de si se trata de Lawfare a solicitud de socios o aliados locales, dejaron muy mal paradas a nuestras instituciones, las de la República del Paraguay, a su autonomía y al mismo orden jurídico y político.

Quien resulte electo lo hará sin mayor y clara legitimidad; el perdedor encontrará en esta situación la excusa perfecta para desconocer al ganador resultante y electo; gracias al actuar deficiente, obscuro, endeble y domesticado del Poder Judicial paraguayo y las instancias administrativas coadyuvantes, abriendo las puertas al germen de la ingobernabilidad o, aún peor, de la misma anarquía.

¿Será que en el nuevo tiempo que vivimos, conceptos como que la soberanía nacional descansa en la voluntad popular, sufrirán transformaciones, quedando subordinado dicho principio -base de todo sistema democrático- a frías resoluciones judiciales, pudiendo ser estas nacionales o extranjeras?