Editorial
Triunfó la Ley en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura (CM) tiene como roles principales conformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Defensoría Pública, con hombres y mujeres que manejen dichas instituciones y sean los responsables –nada más y nada menos– que de liderar el sistema judicial en la República del Paraguay.
El artículo 264 de la Constitución Nacional (CN), habla de los deberes y las atribuciones del CM. La institución debe proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo; proponer ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales; elaborar su propio reglamento, y los demás deberes y atribuciones que fijen Constitución y las leyes.
El propio Colegio de Abogados del Paraguay reclamó y cuestionó el proceso de selección para la conformación de una de las dos ternas para el TSJE. Específicamente a la intención de incluir a un exsenador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pese a no contar con los diez años del ejercicio de la profesión de abogado que exige la Constitución Nacional. Si no se impugnaba esta candidatura, se volvería al camino del deterioro institucional y de la misma ilegalidad, incluso, poniendo en riesgo las próximas elecciones. Si el proceso de selección sigue indefinido no se cubrirán a tiempo las vacancias del TSJE en pleno año electoral. Tal y como advirtieron los representantes del gremio del Derecho, las pretensiones políticas arriesgan una acefalía paralizando el sistema.
El rechazo a la candidatura de un político que se presentó a sabiendas de que no estaba habilitado para formar parte de la máxima instancia del sistema judicial electoral por incumplir requisitos constitucionales, sienta un precedente y es un mensaje claro para aquellos operadores del poder, acostumbrados a pisotear las propias leyes y, de esta manera, acomodarse en el cargo de su conveniencia. Esta vez, la ley se cumplió gracias a la presión ciudadana y a instituciones idóneas que mostraron su inconformidad. Los integrantes del CM deben ser contrapeso a la clase política y no terminar siendo funcionales a ella, buscando imponer la razón política sobre la jurídica.
Ahora, este Consejo tiene la oportunidad de llevar adelante una correcta selección de autoridades y de reivindicarse como institución, conformando una terna con los mejores candidatos. Toda la ciudadanía debe acompañar este proceso y hacer entender a los consejeros que ya no podrán dar paso en falso, porque todo será evaluado.
D.D.W-S
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