El país en campaña

El Gobierno no hace cumplir la Constitución Nacional ni las leyes al permitir la interrupción del libre tránsito de ciudadanos y bienes en el territorio paraguayo. El Nacional ya se había ocupado editorialmente sobre la debilidad institucional que impera en el Paraguay y advirtió que las consecuencias de la flagrante perpetración de una práctica ilícita, que viola derechos de terceros, dañan profundamente la economía y arriesga la seguridad de las personas.

Los grupos que están imponiendo sus presiones son prepotentes y el Estado no puede ponerse de rodillas ante sus amenazas, porque esto expone la inoperancia de la fuerza pública y la poca gestión de las instituciones. El mismo Gobierno es parte del problema con sus indefiniciones, sus idas y venidas. Y reconoce que existen grupos que permanentemente reinciden en acciones ilegales que ejercen autoridad fáctica sobre la población.

Atentan contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho bajo la permisividad del propio Gobierno, mientras el propio vicepresidente de la República y ministros aspiran a cargos electivos y la población observa cómo el Palacio de Gobierno se convierte en un PC electoral.

En el departamento de San Pedro, por ejemplo, se da un conflicto entre gobernador e intendentes y esto lleva a un vacío de poder. Ya no son solamente los gremios de camioneros quienes están tomando las calles, se están sumando otros grupos con diversos reclamos y, ante esto, no se está reaccionando. El Paraguay carece de política interior y eso lo está llevando a una ingobernabilidad. La gobernabilidad la tiene que buscar el representante del Ejecutivo departamental, en cada jurisdicción; pero, por el diseño constitucional, este es electo por el pueblo y no nombrado por el Poder Ejecutivo como debería ser en un modelo unitario. El Paraguay es -y siempre fue- un país unitario, pero nosotros tenemos gobernadores; esto es un invento constitucional, cuando las gobernaciones son propias de los países federales y, buscando profundizar las descentralizaciones y las autonomías, nos está haciendo caer en un vacío de poder.

Las calles y las rutas, en algunas zonas del país, están gobernadas por grupos fácticos y criminales. ¿Qué pasa con los gobernadores y la política interior? ¿Y los fiscales en cada circunscripción? Tanto gasto público para sostener una gran cantidad de instituciones que hoy se mantienen en silencio cómplice ante el avasallamiento de los derechos a los ciudadanos, interrumpiendo tránsito, decidiendo quién pasa y quién no. ¡Esto se debe resolver, ya!

En la transición, el Paraguay se volvió un país en campaña electoral permanente. Las elecciones marcan la agenda de los gobiernos pero se olvidan de gobernar, solo se hace campaña. El deber de preservar el orden público, en el marco de la ley, es innegociable. ¿El Gobierno Nacional del Paraguay renunció a la representación otorgada por el pueblo y al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes? El deber de preservar el orden público, en el marco de la ley, es innegociable. Mientras tanto, estamos amenazados y esperando el siguiente ataque a nuestros derechos ciudadanos que hoy se hallan vulnerados por grupos fácticos que desconocen la autoridad del Gobierno Nacional y el Estado de Derecho.

D.D.W.S.