“Accountability”, la deuda pendiente de nuestra democracia

El manejo de la cosa pública en democracia exige transparencia. Una ciudadanía bien informada es el mejor contralor de la gestión de gobierno, y esto lo saben muy bien quienes, desde el poder institucional, y también desde el fáctico, procuran acallar las voces que denuncian graves ilícitos en perjuicio del Estado y la sociedad.

En un escenario inficionado de corrupción, que afecta tanto al sector público como al privado, proceder a “destapar la olla”, como se dice vulgarmente, tiene un precio que se paga muy caro. Las recientes filtraciones que comprometen a funcionarios designados y electos, en casos de contrabando, conexiones con el narcotráfico y lavado de dinero, están socavando un esquema muy bien montado del que participan actores clave de la escena política.

Estas asociaciones criminales, que operan con impunidad en el territorio nacional, han sido expuestas a la opinión pública a través de las redes sociales por el ciberactivista Alfredo Guachiré y obligan al Ministerio Público a actuar de oficio para ordenar sin dilación las investigaciones pertinentes.

En estas circunstancias, la sociedad paraguaya, abatida por años y años de corrupción e ineficiencia en el seno del Estado, debe reivindicar su derecho a la información completa y detallada sobre las acciones en las diferentes instancias públicas, a fin de exigir mano dura con los responsables de situaciones que terminan perjudicando a todos.

Acabamos de salir de una pandemia que obligó al Gobierno a un régimen excepcional de compras de insumos, que resultó impregnado de prácticas corruptas cuyos responsables deben ser sancionados. Por otra parte, asistimos con estupefacción a las denuncias del abogado Ezequiel Santagada sobre las implicancias de la Ley N.º 6727, considerada “entreguista”, cuyas cláusulas leoninas para el Estado paraguayo habilitan a las farmacéuticas a trabar embargo sobre bienes del dominio público en caso de deuda impaga por la provisión de vacunas contra el Covid-19.

El conflicto Rusia-Ucrania, que muchos -incluido el presidente Biden- temen sea la antesala de la “tercera guerra mundial”, pone la economía nacional en riesgo, como sucede con la producción cárnica y el rubro de los derivados del petróleo. En este último caso, la legítima indignación ciudadana solicita, cuando menos, una explicación al aumento de combustible que ya alcanzó cerca del 40 % y traerá inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Debemos incorporar a nuestras costumbres cívicas la cultura moral y política del accountability: la necesaria rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Estado, si no queremos seguir siendo presa del crimen organizado, los oligopolios y la impunidad.

D.D.W.S.