La ley primera

Los gobiernos y actores políticos que no respetan su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional deben ser depuestos de sus cargos sin cuestionamiento alguno o, al menos, la ciudadanía que depositó en ellos la responsabilidad para dirigir una Nación los debe reclamar. Es inaudito que, tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República, en pleno ejercicio de sus funciones realicen proselitismo para ocupar otros cargos de alto poder cuando finalicen – y si se da durante sería más dañino aún – sus respectivos mandatos.

La Constitución Nacional es bien clara al mencionar en el Art. 237 que es totalmente incompatible que quienes dirigen el país realicen otras actividades tanto públicas como privadas, remuneradas o no, mientras duren sus mandatos, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. La ansiada libertad política, un valor inalcanzable antes del 89´, terminó reduciéndose a periódicas elecciones de autoridades –y peor aún, sin control del dinero- sin limitaciones para aquellos altos funcionarios que desean ser reelectos.

Retener poder más allá del mandato y las funciones asignadas es una violación a la Carta Magna, debe darse una rotación en el Poder Ejecutivo Nacional; departamental y municipal. En caso del Presidente pretende aumentar su dominio entrando en el escenario partidario. Hoy los intendentes están habilitados por el Congreso mediante una ley inconstitucional, que permite reelección de munícipes no prevista en el texto de la Constitución Nacional y respetada por tres intendentes e incumplida por los subsiguientes.

El Paraguay ansiaba la libertad política. Pero una libertad política quiere decir amplitud de ideas, de visiones, de doctrinas que tienen que amalgamarse en un escenario nacional como el Congreso y las Juntas Municipales y Departamentales. Hoy convergen partidos, actores y movimientos políticos que solamente buscan acumular poder, y se olvidan de la visión de la democracia como un valor, un ideal que debe guiar la construcción de un sistema para garantizar las libertades públicas, políticas y civiles. Ese es el principio rector.

Entramos en un vicio de repetir figuras, y vemos que emerge la corrupción debido a los grandes gastos que representan las interminables campañas sin control del dinero y la utilización de recursos públicos y, a eso se suma ahora la misma presidencia de la República. Los expresidentes que no acepten ser senadores vitalicios, así como lo establece el Art 189 de la Constitución Nacional, violentan el mismo espíritu que impulsó la reforma de esta en el 92´. Algo se debe hacer para detener el retroceso, porque de lo contrario la Constitución Nacional no resistirá tantos embates. O derogan la Constitución o la Constitución deja fuera al que la incumple.

D.D.W-S