Secuestro, violación a los derechos humanos

El próximo 9 de septiembre se cumplirá un año del secuestro del ex vicepresidente Oscar Denis. El país entero quedó expectante de su liberación, que con el paso del tiempo se vio cada vez más lejana. La importancia del hecho se fue diluyendo, al parecer, en medio de la terrible crisis político-sanitaria generadas por el Covid-19, al punto de que el tema prácticamente ha desaparecido de sus ámbitos naturales de tratamiento (Ministerio del Interior, Justicia), así como de los medios de comunicación.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el secuestro constituye una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad, la integridad y la tranquilidad de las familias víctimas del delito, cuyos miembros son sometidos a lo que los psicólogos conocen como el proceso de “muerte suspendida”, es decir, la angustia que caracteriza al secuestro y que se suma a lo que los juristas llaman la pérdida de libertad.

La familia Denis no es la única que en estos momentos sufre de “muerte suspendida”. También conocen el mal la familia Urbieta y la de Edelio Morínigo, el joven suboficial de quien nada se sabe desde hace siete años y cuya madre, sumida en la desesperanza, ya solo ruega que le digan si su hijo está vivo o muerto para poder consumar el duelo. Y están los otros casos, aquellos irremediables, como el de Jorge Ríos, el joven de 24 años a quienes sus captores asesinaron impunemente.

Privar arbitrariamente de la libertad al individuo y disponer de su vida es una de las mayores violaciones a los derechos humanos. Una sociedad libre y democrática no puede tolerar ni por un instante este flagelo que viene sacudiendo al país desde hace varios años.

¿Cómo es posible que hasta este minuto no hayan sido resueltos estos casos? ¿Qué pasa con las fuerzas del orden, que no pueden garantizar la seguridad nacional? ¿Cuál es la política anti-secuestro implementada por el Ministerio del Interior? ¿Por qué no se revisa el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, que tiene a su cargo la lucha contra quienes perpetran los secuestros en el norte? ¿Qué ocurre con la justicia, que debería castigar este delito con todo el rigor de la ley?

A un año más de la desaparición de un ex vicetitular de uno de los poderes del Estado paraguayo, no podemos quedar impasibles. El gobierno, en todas las instancias pertinentes, tiene la obligación de dar respuestas eficientes. Si bien son las familias de las víctimas las más afectadas por estos hechos, el país entero es el vulnerable. Exijamos las acciones que necesitamos, y con urgencia.

D.D.W-S