Paraguay es un “régimen híbrido”, según Índice de Democracia de The Economist

La democracia en América Latina presenta múltiples dimensiones y niveles de desarrollo, reflejando tanto avances como retos significativos en la región. El Índice de Democracia, elaborado por The Economist Intelligence Unit, brinda un análisis exhaustivo sobre la calidad democrática en distintos países, empleando cinco criterios clave: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Según estos indicadores, las naciones son categorizadas en cuatro tipos de regímenes: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.

Paraguay 

Ambos países, con calificaciones respectivas de 5.92 y 5.69, caen dentro del grupo de “regímenes híbridos”. Enfrentan desafíos estructurales derivados de corrupción endémica, instituciones débiles y conflictos sociales. Implementar reformas que fortalezcan el Estado de derecho e impulsen una mayor inclusión política será crítico para su evolución democrática.

El Paraguay propiamente no ha podido pese a los ya más 30 años de vida en democracia ininterrumpida librarse de ciertos lastres de la dictadura militar y de gobiernos y pujas de poder entre líderes políticos autoritarios que desencadenó desequilibrios como polémicos resultados electorales (fraudes), golpes de Estado y hechos que perdurarán en la memoria colectiva como “el Marzo Paraguayo” o la quema del Congreso. No obstante, pese a los desafíos, también se contemplan logros como el de la libertad de expresión, amparada por la misma Constitución Nacional como la madre de todas las libertades.

Uruguay: referente de democracia plena en la región

Uruguay lidera el panorama democrático de América Latina con una puntuación de 8.67, ubicándose en la categoría de “democracia plena”. Este logro es producto de instituciones sólidas, un respeto consolidado por las libertades civiles y una cultura política profundamente democratizada. Su sistema electoral transparente, acompañado de una alta participación ciudadana, refuerza aún más su estabilidad política y su compromiso con los derechos humanos.

Argentina y Brasil: entre complejidad política y resiliencia democrática

Con puntuaciones de 6.51 y 6.49 respectivamente, ambos países enfrentan escenarios políticos desafiantes marcados por polarización y escándalos de corrupción. Aunque estos factores han mermado la confianza ciudadana en sus instituciones, tanto Argentina como Brasil muestran signos positivos gracias a la movilización cívica y la resiliencia de sus democracias.

Costa Rica: símbolo de estabilidad democrática

Con una puntuación de 8.29, Costa Rica también se clasifica como “democracia plena”. Su abolición del ejército en 1948 es un testimonio de su dedicación histórica a la paz y la estabilidad. Factores como la educación y la salud gratuitas, junto con una prensa libre activa, han fomentado una ciudadanía informada y participativa, cimentando su calidad democrática y elevando la calidad de vida de sus habitantes.

Países con avances y desafíos en su democracia

Aunque obtiene una puntuación de 7.83 y es considerada una “democracia imperfecta”, Chile ha logrado progresos significativos en desarrollo económico y social. Sin embargo, aún enfrenta retos relacionados con la desigualdad y la representación política. Las recientes movilizaciones sociales han subrayado la necesidad de reformas profundas. No obstante, el proceso hacia una nueva constitución refleja su capacidad para evolucionar y fortalecer sus fundamentos democráticos.

Colombia registra una notable caída democrática con una puntuación de 6.35, marcando su nivel más bajo en dos décadas. Aunque todavía mantiene estabilidad electoral y libertades civiles, el deterioro en su cultura política y el funcionamiento gubernamental plantea riesgos serios que deben abordarse para preservar su democracia.

Con puntajes de 5.32 y 5.24 respectivamente, también se ubican en “regímenes híbridos”. Ambos enfrentan numerosos desafíos relacionados con la gobernabilidad, debilidad institucional y problemas de corrupción que obstaculizan su camino hacia democracias más consolidadas. La implementación efectiva de políticas que refuercen el estado democrático es esencial para avanzar hacia regímenes más sólidos en el mediano plazo.