Guerra comercial entre farmacias y laboratorios por testeos Covid

POR Alfredo Schramm

@elediTHOR

El Ministerio de Salud, a través de su Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), prohibió a las cadenas de farmacias seguir vendiendo el “test rápido” para detectar Covid-19 por cuestiones básicamente de nomenclatura, ya que la Resolución 307/2021 que autoriza la comercialización establece que la denominación correcta debe ser “Autotest”.

De acuerdo a los farmacéuticos, los laboratorios estarían  detrás de esta “argelería”, atendiendo a que los respectivos negocios anotan un bajón con el ingreso de estos test rápidos.

Como pivot de esta controversia, la salud de las personas es la que está en juego. Existen quejas de altos precios aplicados por ambos bandos, por lo que la población en general recurre masivamente a los servicios públicos que una vez más se encuentran colapsados.

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco) tiran la pelota a Dinavisa, mientras que la Cominisón Nacional de la Competencia (Conacom) no se pronunció si existe o no oligopolio.

A modo de ejemplo, los test rápidos se venían comercializando entre G. 140.000 y G. 180.000; muy por encima de lo que cuesta en los países de la región, y una gran diferencia con Estados Unidos y Europa, donde los test cuestan USD 11 y USD 7, respectivamente.

El test PCR que realizan los laboratorios privados también está salado para la población, pues cuestan entre G. 350.000 y G. 500.000.

Solo por citar un ejemplo; MeyerLab, una de las empresas más prestigiosas del rubro, está cobrando  G. 430.000 por el PCR y G. 190.000 el hisopado con entrega en 24 horas, según su portal oficial.

Las farmacias están en proceso de devolución de los “test rápido” a los importadores mientras llegan los “Autotest” que no costarían más de USD 10, es decir unos G. 70.000. Esto se daría a finales de este mes.

La diferencia entre ambos es que los test rápidos tienen un reactivo para 25 pruebas, mientras que el autotest es individual, según explicaron. El Ministerio de Salud había aprobado la comercialización de estos test para descomprimir los servicios públicos y ante la insistencia de las farmacéuticas que vieron el negocio detrás.