Diputados se ratificaron en proyecto de ley de transacciones electrónicas

Con 58 votos a favor, la Cámara de Diputados se ratificó en su versión inicial con relación al proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”, el cual, según su principal promotor, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), contribuirá con la formalización del sistema financiero.

El documento, que iniciará su cuarto trámite constitucional cuando ingrese nuevamente al Senado, pretende dar un alto nivel de seguridad a las transacciones, a través de mecanismos como la creación de la identidad electrónica, para evitar falsificaciones o fraudes, así como un mayor control a los giros y billeteras electrónicas, entre otros puntos.

Durante el debate, el diputado García sostuvo que, de aprobarse, esta ley representará un paso histórico en la vida de muchos ciudadanos que hoy deben viajar grandes distancias o pagar a un gestor para la tramitación de documentos.

“Gracias a esta propuesta se estrecharán los lazos de la ciudadanía con el gobierno, permitiendo a la gente hacer trámites diarios desde su celular”, argumentó.

Aseguró, además, que en contrapartida a las argumentaciones de los detractores del proyecto, quienes alegan que el texto afecta gravemente a usuarios de giros y billeteras electrónicas, el espíritu de la normativa es proteger al ciudadano mediante la validación remota de datos.

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), seguidamente, dijo que la versión Diputados permite tener la certeza de que no hay suplantación electrónica de identidad en estas operaciones.

Recordó que estos métodos de transacciones electrónicas son muy utilizados hoy en día, por lo que es urgente regularlos.

Los diputados Kattya González (PEN-Central), Norma Camacho (PEN-Central), y Edgar Acosta (PLRA-Central), por su parte, fueron los encargados de abogar por las modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores.

Esas modificaciones buscaban establecer, básicamente, que los niveles de seguridad deben ser acordes al riesgo asociado, y que la reglamentación debe ser emitida por la autoridad reguladora competente.

Finalmente, el texto fue aprobado en su redacción original, con 58 votos, y remitido a la Cámara Alta para un nuevo análisis.