¿Cuál es costo que soporta la sociedad por la corrupción?

Jorge Garicoche

Investigación para el Desarrollo

https://desarrollo.org.py/

Twitter: @gari_py

Como parte del equipo de una thinktankme ha tocado participar en varios trabajos donde se ha realizado la cuantificación de impactos de políticas, planes, programas y proyectos,muchas veces a través de complejos modelos matemáticos.Sin embargo, en medio de un trabajo para la Red Democracia y Transparencia nos preguntaron ¿cuál es el costo social de la corrupción?, esto representó un gran desafío para los especialistas de Investigación para el Desarrollo, principalmente porque la naturaleza misma de estos actos se realiza por fuera de registros, por lo que se dificulta bastante su medición.

Delimitando el impacto, nos enfocamos en representar estos costos en materia de Salud y Educación. Por lo tanto, se acudió a donde existían datos, en este caso, a los registros de compras públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Luego, se seleccionaron las 5 compras más habituales de medicamentos del Ministerio de Salud Pública y las 5 compras más habituales de los componentes del kit escolar del Ministerio de Educación. La estrategia era comparar el precio de mercado de estos productos con el precio adjudicado de licitaciones.

Se evidenció que las diferencias entre precios no siguen un patrón dado en cuanto a la diferencia de un precio ante otro, ya que varía sustancialmente de acuerdo con el producto a ser analizado. La variación del precio adjudicado promedio con relación al precio de mercado para cada producto podría ser considerado como un costo de ineficiencia del sistema antes que un “costo de la corrupción”. Es decir, la variación puede deberse a varias razones, tales como: que la administración contratante no acostumbra a pagar a tiempo, por lo que los oferentes cargan un costo de espera (financiamiento), o guardar relación con los costos de transporte, o por motivos de colusión entre oferentes (esto es un problema de competencia más que un hecho de corrupción). Claramente, grandes desvíos con relación al precio del mercado generan la hipótesis de actos de corrupción (principalmente por direccionamiento en los requerimientos de los Pliegos de Bases y Condiciones). En este caso, el estudio se debe profundizar y considerar si el adjudicado fue único oferente calificado o existió contratación directa del mismo como elementos centrales para el entender el hecho.

Ante las dificultades del método anterior, el equipo propuso un modelo econométrico donde se relacionó el Producto Interno Bruto (PIB) en función al Índice de Percepción de Control de Corrupción y otras variables de control que son determinantes de este. El análisis incluyó a 129 países y analizó el periodo comprendido entre los años 2002 – 2017. La estrategia giró en torno a obtener parámetros que midan el impacto del puntaje de Percepción de Control de Corrupción en el PIB y luego simular cuanto más crecería este último si se tuviese un mejor puntaje; la lógica supone que una mejor percepción influencia en la atracción de inversiones, optimiza recursos públicos, se gana competitividad y productividad. Posteriormente, se asume que la presión tributaria es la misma, pero ante un PIB distinto se generaría una recaudación adicional. Por lo que el costo social que genera la corrupción vendría a representar la pérdida de una mejor recaudación, pues se traducen en mermas de inversión pública en salud y educación.

En cuanto al puntaje de percepción de control de la corrupción, en América Latina y el Caribe, Paraguay se ubica en los últimos lugares con un valor de 0,33 (escala de 0-peor a 1-mejor), solo por encima de Haití, México, Nicaragua, El Salvador y Venezuela. Supongamos que la población mejora la percepción del control de la corrupción en el país y el puntaje se eleva a 0,5. En ese caso, se esperaría que las recaudaciones aumenten 14% como consecuencia del crecimiento del PIB. De manera más ilustrativa, los recursos generados por este aumento podrían ser destinados a la construcción de más de 25.000 aulas educativas totalmente equipadas o más de 2.800 Unidades de Salud Familiar (USF). Esta última cifra representa al menos 3 veces más USFs de las que existían al año 2018.Esto ayuda a dimensionar bastante bien lo que implica la corrupción.

El modelo trabajado es perfectible; no obstante, esta primera estimación permite poner en el debate el enorme costo que representa para el país la corrupción. En la sumatoria se tiene que estos actos de desvíos terminan impactando de manera significativa en lo que podría haber representado un mejor sistema educativo y de salud. El costo es muy alto como para seguir aguantándolo.