Pedido de nueva deuda de Marito no tiene eco en Congreso

Diputados y senadores guardan silencio sobre el pedido del presidente Mario Abdo Benítez, para que el Congreso respalde los requerimientos para nuevos préstamos destinados a mantener el actual nivel de inversión, principalmente lo relacionado con las obras públicas y la continuidad de la asistencia en el marco de la pandemia, como el programa Pytyvõ.

El Ejecutivo remitió la semana pasada al Congreso un nuevo paquete de préstamos por casi US$ 300 millones, y un proyecto para renegociar los plazos de vencimiento de la deuda soberana actual que sobrepasa los US$ 10. 000 millones, y representa ya más del 30% del PIB, un índice preocupante por la celeridad.

Varios de los parlamentarios consultados por El Nacional prefirieron llamarse a silencio sobre la posición que podrían asumir sus bancadas a la hora de tratar alguno de estos nuevos proyectos del gobierno para toma de más deuda pública; ni siquiera en la oposición, donde siempre se levantaron voces críticas a la hora de debatir sobre los empréstitos que vienen acumulándose desde que el liberal Federico Franco emitiera los primeros “bonos soberanos” durante su breve mandato, que después incrementaron los gobiernos de Horacio Cartes y Abdo Benítez.

“Sinceramente no leí a profundidad los requerimientos del Ejecutivo, pero desde la oposición nosotros hemos decidido no acompañar otros empréstitos”, dijo en solitario el diputado liberal Carlos Silva. Argumentó sobre el “auto endeudamiento y la insuficiente ejecución demostrada con los préstamos aprobados”.

“Justamente por ese motivo y conociendo esa situación el Ejecutivo había enviado un proyecto de administración de pasivos que está con media sanción”, agregó Silva, en relación con la Ley de administración de pasivos aprobada en diputados la semana pasada.

La discusión ahora pasó a la Cámara de Senadores, donde el gobierno enfrenta mayor dificultad para reunir los votos necesarios para su sanción definitiva.

Posición de Hacienda

A las críticas de gremios empresariales a esta iniciativa que aseguran hará crecer la deuda pública, el director de política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda, Iván Haas Rivas, argumentó que la ley de administración de pasivos permitirá al Ejecutivo realizar canjes de deuda vieja por otra con mayores plazos de pago y, eventualmente, incluso mejorar las condiciones de costo, y no implicará un aumento de deuda pública, sino que mejorará su perfil.

“Administrar pasivos es administrar una deuda que ya fue discutida en el Congreso; lo que queremos es autorización para poder hacer estas operaciones”, dijo Haas.

Dijo que lo lógico es que la discusión parlamentaria se produzca cuando se trata de nueva deuda, pero no cuando se habla de administrar vencimientos de pago de préstamos ya aprobados por el Parlamento.

Según Hacienda, en julio la deuda pública era de US$ 10.944 millones, el 31% de PIB. Durante la pandemia, el gobierno tomó deuda por otros US$ 2080 millones, de créditos de órganos multilaterales y emisiones de bonos, destinados a atender la emergencia sanitaria del Covid-19.

Los ruegos del Abdo Benítez al Congreso, para destrabar las posibilidades de nuevo endeudamiento, parecen estar en sintonía con las declaraciones de su hermano, el ministro de Hacienda Benigno López, quien aseguró que sus colegas ministros y el funcionariado público “pueden hacer lo que quieran”, pero el Presupuesto General de Gastos 2021 enviado al Parlamento no se puede estirar.