Más deuda externa para “transparentar” manejo de dinero público

Paraguay continuará fortaleciendo la transparencia para una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos con un crédito de USD 250 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalan desde el Ejecutivo.

En los últimos 10 años, el saldo de la deuda pública trepó de USD 3.000 a USD 13.000 millones, sin que se haya notado una mejora significativa en cuanto a políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida del paraguayo. Por el contrario, los casos de corrupción y mal uso del dinero fueron las constantes. La deuda se aceleró con los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.

El proyecto es el segundo de dos operaciones consecutivas, la primera de las cuales fue aprobada en abril 2020, bajo la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política. Esta nueva operación apoya medidas de transparencia, con especial atención en los resultados de su efectiva implementación, para un mayor acceso a la información pública por parte de ciudadanos y actores económicos del país.

El programa incorporará el Portal Rindiendo Cuentas, que transparenta los gastos públicos realizados por el país durante la pandemia del COVID-19, incluyendo funcionalidades para recibir comentarios, fortalecer el control del gasto y recibir denuncias de los ciudadanos.

Lavado

Otro aspecto relevante es la adopción e implementación de normas para prevenir y controlar el lavado de activos alineadas a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como la creación de un registro administrativo de beneficiarios finales de personas jurídicas y la adopción de un manual de análisis operativo de reportes de operaciones sospechosas (ROS).

En el área de fortalecimiento del acceso a la información y de las políticas de gobierno abierto, se espera un alto grado de cumplimiento de los 32 compromisos incluidos en el Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paraguay por parte de los organismos y entidades públicas responsables en el ámbito de los tres poderes del Estado.

El crédito del BID  tiene un plazo de amortización de 20 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR.