Denuncian que 99 escuelas rurales están expuestas a la fumigación con agroquímicos

La imagen puede resultar distópica, como sacada de alguna película apocalíptica, pero según las organizaciones que promueven la Campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, no intervenir en la problemática del uso de químicos agrícolas a gran escala en cercanías de escuelas y colegios rurales, bien podría llevar a un apocalipsis ambiental y sanitario.

El lanzamiento se realizó este miércoles frente al Palacio de Justicia, en Sajonia, donde se teatralizó una clase con docentes y estudiantes vestidos con máscaras antigás y trajes guardatóxicos, que es la indumentaria que Alicia Amarilla, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), imagina como “el futuro de nuestra educación en el campo si no se acciona ahora, porque los niños se enferman, hay muchos casos ya”.

La Campaña busca crear conciencia sobre el drama que representa para miles de familias campesinas paraguayas la fumigación con químicos agrícolas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes que concurren a unas 99 instituciones educativas ubicadas en las zonas con las mayores extensiones de tierras dedicadas al agronegocio; y conseguir que se cumpla la legislación vigente.

“Hace dos años que venimos trabajando sobre este tema, somos muchas las organizaciones que estamos involucradas en este proyecto y en esta campaña”, explica Amarilla. “Como mujeres campesinas, indígenas, nosotros siempre venimos denunciando esta situación, pero no teníamos información científica que pudiera sustentar nuestras denuncias y reclamo”, agrega.

La Campaña eligió representaciones distópicas para alertar sobre el drama de las fumigaciones agrícolas. Foto: escuelasfumigadas.org

La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo realizados especialmente y que prueban de manera irrefutable los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población directamente afectada.

Las investigaciones, “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, de la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau; “Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de contaminación ambiental por deriva de productos fitosanitarios”, de Carlos Mora, Víctor Portillo y Miguel Delpino, realizado en base a fuentes del Ministerio de Educación y Ciencias e imágenes satelitales, identificando las instituciones educativas cercanas a campos de monocultivos en 14 distritos del país; y “Modelaje de dispersión de partículas en el aire”, de la ingeniera ambiental Dahiana Acosta, exponen la situación de una manera más que realista.

Las investigaciones científicas que sirven de andamiaje teórico a la Campaña, presentan estudios de casos de instituciones educativas en tres distritos afectados históricamente por las fumigaciones: Capiibary, en el Departamento de San Pedro; Itapúa Poty, en el Departamento de Itapúa, y Minga Porã, en el Departamento de Alto Paraná.

La elección de estos distritos no fue arbitraria, sino que obedeció a criterios específicos, tales como la diversidad de situaciones, en términos ecológicos, socioeconómicos y demográficos, y de expansión del agronegocio; la legislación nacional que establece una franja de protección de 100 metros para fumigaciones terrestres, y 200 para fumigaciones aéreas; y la presencia de un conflicto medio ambiental en la comunidad.

El caso testigo

De hecho, en Itapúa se registró en enero de 2003 la primera muerte por exposición a químicos agrícolas, el caso del niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, quien falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.

“Transcurrieron más de 17 años sin que el Estado paraguayo haya diseñado una política pública que considere la particular situación de escuelas en cercanías de monocultivos y que proteja a las y los estudiantes de los impactos de las fumigaciones con pesticidas”, señalan Kretschmer, Areco, y Palau.

Afirman que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas e. inclusive. en 2019. el Estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por no vigilar y prevenir prácticas irregulares de fumigaciones en la Colonia Yerutí, distrito de Curuguaty, en Canindeyú, que ocasionaron el fallecimiento del joven Rubén Portillo, de 26 años, en 2011.

La investigación de Kretschmer, Areco, y Palau, rescata la publicación “Niñez y Riesgo Ambiental en Argentina”, del Defensor del Pueblo del vecino país, donde se señala que “los niños son más vulnerables a pesticidas porque sus cerebros y sistema nervioso no están totalmente desarrollados, lo que los vuelve más sensibles a aquellos; sus hígados y riñones no son capaces de desintoxicar o eliminar ciertos químicos como sucede con los adultos”.

Entre la bibliografía paraguaya, se destacan los estudios realizados por la doctora Benítez Leite, sobre la relación entre exposición a químicos agrícolas y malformaciones congénitas en neonatos en Itapúa, donde encontró que dos de cada cinco niños y niñas, nacidos cerca de campos fumigados presentaron malformaciones, principalmente aquellos que viven hasta a 1000 metros de campos con cultivos extensivos. Leite también investigó el daño celular de poblaciones infantiles expuestas a la fumigación, y el daño en el ADN provocado por el contacto con estos productos de uso agrícola.

Petrona Villasboa sostiene un cartel con el rostro de su pequeño hijo Silvino Talavera, muerto por intoxicación en 2003. Foto: El Surti

El estudio desarrollado por las doctoras María Esther Pedroza, Sandra Ocampos, Rosa Galeano, Andrea Ojeda, Águeda Cabello, y Dalva de Assis, que evaluaron historias clínicas de pacientes que acudieron al Centro de Emergencias Médicas entre julio de 2000 a mayo de 2004 , reveló que el mayor porcentaje de casos de intoxicación corresponde a estudiantes de primaria y secundaria.

El mapeamiento satelital de Mora, Portillo y Delpino, resulta sumamente descriptivo de la realidad, a la vez que permite dimensionar con claridad la gravedad de la situación. Los autores identificaron las instituciones educativas ubicadas en tres rangos de distancia: hasta 100 metros, entre 100 y 200 metros y más de 200 metros de monocultivos.

El estudio llega a la conclusión que “de las 557 instituciones educativas identificadas según la base de datos del MEC, 48 se ubican a menos de 200 metros, y 51 a menos de 100 metros, lo que las ubica con mayor riesgo de exposición por deriva. El trabajo revela que del total de las escuelas de estos distritos, el 18 % están en riesgo de afectación directa por las fumigaciones, y cerca del 10% a menos de 100 metros, incumpliendo la normativa vigente.

Concluye señalando que “de los datos emergentes del presente estudio, surge información relevante que visibiliza inequívocamente el riesgo de un gran número de centros educativos, con niños, niñas y adolescentes cercanos a áreas de cultivos, debido a la eventual aplicación y deriva de los productos fitosanitarios, en contra de lo que dispone la Ley 3742/2009.

Veneno en el aire

El mapeamiento satelital se completa con la simulación realizada por la ingeniera ambiental Acosta, mediante la utilización del software denominado HYSPLIT, desarrollado por la estadounidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), y la Oficina de Meteorología de Australia, que genera proyecciones de la deriva de partículas suspendidas en cualquier tipo de pulverización, en función de condiciones meteorológicas y físicas. “El HYSPLIT permite seleccionar conjuntos de datos históricos o de previsión en cuadrículas, configurar ejecuciones de modelos y recuperar los resultados de los modelos con un navegador web”, explica Acosta.

Su estudio, “Modelaje de dispersión de partículas en el aire”, pudo constatar que la dispersión química alcanza distancias importantes desde el punto de emisión situado a 200, 500 y 1000 metros de las escuelas, recorriendo extensiones de hasta aproximadamente 40 kilómetros más allá del “punto cero”.

El Paraquat y el Glifosato, prohibidos en varios países del mundo, son utilizados de manera intensiva en nuestro país. El glifosato está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno, y su uso fue prohibido o restringido en 17 países. El Paraquat es un herbicida que forma parte de lo que se conoce como la “docena sucia”, que incluye compuestos químicos citados como altamente tóxicos en la Convención de Estocolmo, de 2001. No son, sin embargo, los únicos utilizados en el país, también se pueden señalar el Carbendazim, el Propiconazole y el Thiamethoxam, prohibidos en la Unión Europea.

Paraguay tampoco cuenta con un marco legal específico sobre la problemática, pero podría decirse que cuenta con normas que de aplicarse mantendrían la situación bajo control, empezando por el artículo N° 7 “Del Derecho a un ambiente saludable”, de la Constitución Nacional, que dispone que “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente  saludable y ecológicamente equilibrado”.

También, la Ley 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, que dispone el uso de “franjas de protección” como medidas de seguridad ante pulverizaciones con químicos agrícolas, pero que como revelaron las diversas investigaciones presentadas en la Campaña, son decididamente insuficientes. Y mientras que Paraguay establece distancias exiguas, países de la región como Argentina están fijando distancias de protección de entre 500 a 1.000 metros de la población y escuelas rurales para aplicación terrestre, y entre 1.000 a 3.000 metros para pulverización aérea.

La legislación paraguaya tampoco ofrece muchas herramientas para controlar e imponer sanciones a las instituciones o funcionarios públicos que no cumplen con su responsabilidad de controlar, denunciar y castigar las infracciones. Según los promotores de la Campaña, “la cadena de responsabilidades fallidas” incluyen al SENAVE, juzgados, Fiscalía, Instituto Forestal Nacional (INFONA), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y las mismas municipalidades de los distritos afectados. “Tienen responsabilidades no asumidas el MEC y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS)”, afirma Amarilla.

El mapa satelital con la ubicación de las escuelas afectadas por las fumigaciones con agroquímicos. Foto: captura de pantalla

La dirigente de CONAMURI dice que las primeras acciones de la Campaña incluyeron poner a disponibilidad toda la documentación científica en la nube; un petitorio online, y gestiones ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para revisar la situación de las escuelas y colegios afectados, y la elaboración de un protocolo de actuación en dichas instituciones, que esté listo antes del inicio del año lectivo.

Precisamente, este miércoles representantes de la Campaña mantuvieron una reunión con la Gerencia del MEC, donde presentaron la iniciativa y toda la documentación, y le solicitaron instalar un equipo multidisciplinario que se dedique a la elaboración del protocolo de actuación en casos de fumigación cercana a los establecimientos educativos.

“No fumiguen la educación, Anive Pefumiga” está impulsada por CONAMURI, Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP-Py), BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS), y DIAKONIA, entre otras, en el marco del Proyecto “Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales. Articulación de gobiernos locales, ciudadanía y sector privado para el monitoreo del cumplimiento de leyes ambientales por instituciones de nivel nacional en los territorios locales”, que tiene apoyo de la Unión Europea (UE).