Hacienda pedirá veto a plan de subsidio con dinero de aportantes de IPS

Autoridades del Ministerio de Hacienda y trabajadores y comerciantes de la frontera con Argentina llegaron a un acuerdo este lunes para elaborar un nuevo proyecto que permita la asistencia económica dadas las medidas de confinamiento.

La reunión tuvo como objetivo llegar a un acuerdo, luego de que el Congreso sancione un proyecto de subsidio que autoridades de Hacienda calificaron de inaplicable.

De acuerdo a la viceministra de Economía, Carmen Marín, el proyecto sancionado no faculta al Ejecutivo a aplicar criterios de elegibilidad para la lista de beneficiarios y no establece medidas para verificar las listas finales.

La propuesta de Hacienda es replicar el modelo utilizado para el Programa Pytyvô, en donde los trabajadores de distritos fronterizos con Argentina completarán un cuestionario para su registro y el Ministerio hará un cruzamiento de datos.

En la reunión también se acordó ofrecer créditos especiales a los comerciantes afectados. Se espera que en la semana se dé una nueva reunión para detallar este aspecto.

Sobre el financiamiento, el proyecto sancionado establece el uso de los remanentes de la Ley de Emergencia; sin embargo, esto apeligraría los recursos asignados para el Instituto de Previsión Social (IPS) en el pago de compensaciones a trabajadores suspendidos.

En cuanto al programa Pytyvô, queda un remanente de alrededor de US$ 10 millones que no es suficiente para la asistencia, señalaron autoridades.

Inconstitucional

La viceministra Marín indicó que se recomendará al Poder Ejecutivo el veto al proyecto sancionado a finales del mes de enero.

El gerente de prestaciones de la previsional, Pedro Halley, explicó que este es dinero con que la institución cuenta para seguir realizando los pagos de compensaciones por suspensiones de contratos laborales para asegurados en el marco de la pandemia. Además, consideró que la ley es inconstitucional, ya que va en contra del artículo 95.

El mencionado artículo de la Constitución Nacional establece, en su último párrafo y de manera taxativa, que los recursos financieros de los seguros sociales no pueden ser derivados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para estos objetivos, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar el patrimonio.

“Bajo ningún punto de vista los fondos destinados al seguro social pueden ser utilizados para no asegurados, eso es inconstitucional porque viola el artículo 95 de la Constitución. Esa es la postura técnica que yo ya advertí y el presidente (del IPS, Andrés Gubetich) ya se hizo eco”, refirió Halley.